Madrid. 13 de junio de 2012.
El gobierno español ha ejecutado esta madrugada (00.00 horas de
España), la orden de expulsión al ciudadano uruguayo José Morales
Brum, residente por más de 10 años en Lanzarote (islas canarias) y
padre de una niña española de 5 años.
Este inmigrante fue detenido y acusado de participar en
manifestaciones a favor del pueblo saharaui, y en una movilización
pacífica, la pasada semana en Lanzarote, en contra del Ministro de
industria, José Manuel Soria, por el apoyo que este ha brindado a las
prospecciones petrolíferas impulsadas por Repsol, que esta
multinacional pretende realizar en las islas Canarias.
En base a los antecedentes que presentó la policía nacional, y a pesar
de que los tribunales aún no han fallado en su caso, la Delegación del
gobierno Canario, con la anuencia del ministerio del interior español
procedió a su expulsión de España la noche de ayer.
Con esta medida represiva el gobierno español, lo que hace es
criminalizar a los inmigrantes, atemorizándoles para que no
participen, en ninguna actividad política contraria a sus ideas.
Cercenando de esta forma los derechos civiles de las personas
inmigrantes; derechos de los cuales el gobierno de España de manera
hipócrita, se declara defensor y promotor.
Con esta expulsión se marca un antes y un después en materia
migratoria, ya que es la primera vez en la historia reciente de
España, que una persona en situación regular es repatriada sin que
pese sobre ella ninguna condena ni antecedente penal.
Sobre esta medida de expulsión, no debemos dejar de recordar que el
Gobierno vuelve a desconocer el Artículo 13 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, dónde señala claramente en su
artículo Nº 1 que: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y
a elegir su residencia en el territorio de un Estado”.
Desde la Asociación de chilenos y chilenas Violeta Parra, manifestamos
toda nuestra solidaridad con José Morales, y con toda la colonia
uruguaya que se ha visto agredida con esta medida.
Asimismo llamamos a las organizaciones de derechos humanos, defensor
del pueblo, partidos políticos entre otros a pronunciarse ante esta
vulneración que afecta a esta persona inmigrante.
Fuente: Red Latina Sin Fronteras.
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